Noviembre 2018. Nuevo capítulo en los meandros de la crisis independentista que sacudió a España el año pasado, y que sigue fragilizando la unidad territorial y política del país.

El viernes 2 de noviembre, la Fiscalía del Tribunal Supremo español y el Abogado general del Estado anunciaron sus requisiciones contra los dirigentes independentistas catalanes, cuyo proceso tendrá lugar a principio de 2019. Sorprendentemente, las penas requeridas contra las 12 personas implicadas en el proyecto secesionista difieren en el seno mismo del Estado, mostrando así la profunda división que sigue suscitando el asunto catalán. Las sanciones mencionadas podrían llegar hasta 25 años de prisión para “rebelión agravada con desvió de fondos”.  

El anuncio de estos graves cargos ha sido suficiente para reactivar las tensiones entre el gobierno catalán y otros partidos políticos, que se habían disminuidas tras la llegada de Pedro Sánchez al gobierno este verano. Cada bando condena estas penas, bien por su dureza o al contrario, por su falta de firmeza. 

¿Con la llegada de este nuevo debate y la preparación del juicio para el año próximo, que se puede retener de la crisis independentista? ¿ Cuáles son sus perspectivas más de un año después de los hechos? 

Mirada sobre el delicado tema catalán. 

El referéndum del 1/10 

El primero de octubre del 2017, a pesar de su interdicción oficial anunciada por Madrid, el gobierno catalán organizó un referéndum de autodeterminación sobre la independencia de Cataluña frente al resto de España. Este acontecimiento fue el resultado de un largo pulso entre el gobierno central español y las fuerzas secesionistas en ascenso. 

Cataluña, con sus 7, 4 millones de habitantes, beneficia de un importante dinamismo económico, especialmente gracias al sector turístico (más de 18 millones de turistas acogidos en 2016, el cuarto de la actividad turística española de este año) y con sus importantes exportaciones de mercancías (63, 8 mil millones €). La comunidad autónoma tiene competencias exclusivas en algunos sectores, tales como la educación, la salud o la gestión de la fuerzas policiales. A pesar de esta relativa autonomía, las tensiones entre Madrid y la Generalitat empezaron a agravarse tras el rechazo de un nuevo estatuto de Cataluña en 2010, que preveía el reconocimiento de la “nación catalana” y del catalán como “lengua preferida” de la administración y de los medios de comunicación públicos. 

Esta primera prueba de fuerza alimentó la subida de los discursos secesionistas, que se acentuaron después de la crisis económica de 2008, y que empezaron a acusar el gobierno central de explotar a Cataluña (“¡ Madrid les roba ! ”), con un sentimiento independentista que evolucionó del 15% en 2010 al 40% en 2017. 

El referéndum del primero de octubre fue la consecuencia de estos discursos. 

El gobierno catalán, liderado por Carlos Puigdemont (PDeCAT), ignorando deliberadamente la Constitución española que proteja la “indisoluble unidad de la nación española”, convocó elecciones para los habitantes de la región, que votaron a 90% a favor de la independencia, (aunque la tasa de participación no superó el 42%). Por su natura anticonstitucional, el gobierno español respondió muy duramente a este referéndum, utilizando la fuerza para impedir los votos (una grave error estratégica de Mariano Rajoy), y emprendió acciones legales contra los dirigente catalanes independentistas, antes de poner el gobierno de Cataluña bajo una tutela provisional, poniendo “fin” a este crisis institucional. 

El movimiento independentista sin aliento 

¿Y ahora…qué?  Un año después de los hechos, este movimiento de envergadura sin precedente parece quedarse en un estancamiento. Si la huida de los dirigentes independentistas en Europa como “refugiados políticos” suscitó vivas emociones y dio lugar a un interminable de juego del gato y el ratón (recordemos el caso de Carlos Puigdemont y de su “exilio” en Bélgica), ningún compromiso satisfactorio fue buscado entre el gobierno central el la nueva Generalitat. 

La llegada al poder de Pedro Sánchez este junio, tras la salida forzada de Rajoy por escándalos de corrupción, parecía propicia para el establecimiento de nuevas bases de negociaciones, después años de actitud de avestruz por parte del antiguo gobierno central. El nuevo presidente de España propuso en septiembre un nuevo referéndum sobre el estatuto de la región, que debería darla más autonomía. Propuesta rápidamente rechazada por Quim Torra, nuevo presidente de la Generalitat, que sigue defiendo el “derecho catalán de autodeterminación” y su independencia.   

En el seno mismo de Cataluña, una profunda división sigue visible entre los partidos a favor de la independencia y los partidos políticos unionistas. El nuevo gobierno catalán ilustra esta escisión: 47,5 % de votos para los primeros, y casi 43,3 % de votos de grupos políticos firmemente opuestos a la separación entre Cataluña y España. 

¿Tensiones en el seno del gobierno catalán ? No solo. La crisis independentista dejó la comunidad autónoma  más divida, agitada y desamparada que siempre. Un sentimiento de abandono por parte de los que defienden la secesión, y que siguen organizando manifestaciones en las calles, meses después del referéndum, para reclamar justicia. Vivas disputas dentro de familias, entre amigos, colegas, … sobre un asunto que los habitantes tratan de evitar durante las cenas con familiares, a riesgo de que la conversación se descarrilara.

Una situación que parece inextricable, pero en la cual se deben continuar negociaciones   abiertas y realistas entre ambos nuevos gobiernos de España y de Cataluña, especialmente al acercarse del juicio de los exdirigentes catalanes a principio de 2019, que seguramente va a reactivar numerosas tensiones que parecen muy lejos de atenuarse.

Charline MORICHON

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